La ley federal de pesca N° 24.922 establece claramente desde 1998 el sistema que limita la explotación del recurso, y por lo tanto garantizaría su sustentabilidad. Una vez más las autoridades argentinas se ven obligadas a tomar decisiones drásticas frente a una crisis. En este caso -y al igual que las autoridades de las islas Malvinas- tuvieron que clausurar anticipadamente la temporada de pesca del calamar para el stock surpatagónico ante la alarmante escasez del recurso.

Obviamente, las consecuencias económicas, sociales y naturales de tomar decisiones frente a una situación desbordada no son las mismas que si se hiciera anticipadamente.

El Consejo Federal Pesquero es el responsable, según la ley, de establecer la política pesquera. En este sentido, llama la atención que dicho organismo actúe y decida al margen de los lineamientos básicos de la ley, con criterios erráticos fijados por el oportunismo político, al cual se subordinan la realidad y las posibilidades del recurso ictícola.

Las consecuencias están a la vista: en el país no tiene vigencia la ley y, por lo tanto, no existe una política pesquera de largo plazo.

Si la preocupación del Consejo Federal Pesquero fuera la sustentabilidad del recurso, sólo debería llevar a la práctica el sistema que la ley establece, asignando cuotas a quienes pescan en función de la disponibilidad de las diversas especies. Un claro ejemplo de lo que significa traducir la ley en acciones concretas o en una política pesquera es la reciente instrumentación del moderno Sistema de Monitoreo Pesquero y Oceanográfico (Simpo), que llevó adelante la provincia de Río Negro.

Este sistema sirve para la obtención de información acerca de la posición y velocidad de los barcos que operan en la zona del golfo de San Matías. Los datos son capturados y enviados a San Antonio Oeste, donde tiene su sede el Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni. Merced al Simpo es posible detectar con precisión cuándo un pesquero ha encontrado un cardumen y se halla en tareas de captura, pudiendo determinarse también el volumen de la pesca lograda. La posibilidad de fiscalizar con certeza la actividad pesquera es imprescindible para prevenir y descubrir algunas de las principales maniobras empleadas con demasiada frecuencia para sabotear el control de las autoridades. Pero, como lo venimos afirmando, de nada sirve implementar un sistema de esta naturaleza si la política pesquera es errática, porque lo mencionado en este ejemplo no es parte de una serie de medidas coordinadas y de largo plazo, sino que aparece como acciones aisladas que tienden a morir en la contradicción del sistema vigente al margen de la ley.

El Consejo Federal Pesquero no tiene que tener gran inventiva para que la Argentina deje de vivir en una permanente crisis de recurso, que a su vez se traduce automáticamente en una crisis industrial y social. Fundamentalmente debe dirigir sus energías a establecer una política pesquera que haga realidad la letra de la ley. Esto es: poner cuotas de pesca a los buques de acuerdo con lo que establece el organismo científico que mide la disponibilidad del recurso, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), e instrumentar los sistemas de control para que dichos límites se cumplan.

Por el contrario, en los últimos meses se observa que las autoridades vienen tomando decisiones que denominan transitorias. Con este pretexto siguen avanzando en medidas que nada tienen que ver con lo que la ley manda. La política pesquera debe hacer de la pesca una industria fuerte, que ofrezca oportunidades de trabajo productivo, estable y calificado para hoy y para el resto de las generaciones. Todo ello no se logra con medidas transitorias, que por naturaleza están destinadas a morir en el corto plazo.

Sería deseable que la gestión gubernamental en materia de pesca decida terminar con sus indecisiones, postergaciones y falta de liderazgo para retomar el rol del Estado, actuando con jerarquía, audacia, inteligencia y seriedad. Es necesario que el poder administrador deje de decidir a su arbitrio si cumple o no con la ley. Por el contrario, debe ponerse a su servicio.

3-5-2004
La Nación (Buenos Aires, Argentina)