Los vecinos piden soluciones urgentes.

Planes de manejo, reconversión, saneamiento, relocalización de industrias, son algunas de las palabras que funcionarios argentinos repitieron durante más de una década para responder a la solución de la contaminación ambiental que sufren diariamente el Río de la Plata, el Riachuelo y los millones de habitantes que viven sobre sus costas.

Dos de las fuentes más señaladas en infinidad de informes y denuncias son el Riachuelo y el Polo Petroquímico de Dock Sud.

En agosto del año último, un informe epidemiológico -financiado por la Agencia de Cooperación Japonesa en la Argentina (JICA)- mostró que un gran porcentaje de la población del polo tenía plomo y otros metales pesados en la sangre, en niveles elevados. En diciembre, un trabajo elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación declaró la emergencia ambiental en toda el área de influencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde viven más de 4.000.000 de personas.

Cuatro meses después, la situación no ha cambiado. Las trabas burocráticas y la falta de financiación para las obras necesarias son las excusas. Mientras tanto, los vecinos siguen reclamando que alguien se haga eco de su padecer.

"En siete u ocho meses, tendremos un panorama de qué empresas deberán ser relocalizadas y de cuáles podrán seguir funcionando en apego a las normas ambientales", aseguró a La Nación Mónica Cappellini, secretaria de Producción y Política Ambiental de Avellaneda.

Según Cappellini, ése es el tiempo que a la flamante gestión le demandará auditar -trámite que ya comenzó- a las 30 empresas asentadas en el polo. Es que la Secretaría no controla directamente las empresas, sino que éstas deben enviar un informe periódico sobre su funcionamiento.

"En unos días comenzará a funcionar una unidad que establecerá el riesgo real que representa el polo. Y habrá establecimientos que, pese a las instalaciones, se tendrán que ir y otros que podrán quedarse", continuó la funcionaria.

El primer objetivo de la unidad es prohibir la instalación de nuevas empresas o la ampliación de las existentes hasta tanto se evalúe su compatibilidad con el medio ambiente. "Hay que detener las barbaridades que se están haciendo", explicó Cappellini.

El diálogo con las empresas ya comenzó. Según dijeron en la Secretaría, en la mayoría de los casos hay comprensión y buena voluntad. Pero determinar las fuentes de contaminación no es el único inconveniente. "También hay que determinar planes de contingencia que, en algunos casos, no existen. Y se está pensando en el mantenimiento y la construcción de vías alternativas para la entrada y salida del polo", dijo la funcionaria. Hoy sólo existe una vía de entrada y una de salida del lugar.

La problemática de Avellaneda se repite en toda la cuenca Matanza-Riachuelo. Allí, la unidad ejecutora existe desde 1993, cuando se elaboró un plan de saneamiento con fecha de vencimiento: 1000 días. La promesa nunca se cumplió, pero el Comité Ejecutor de la Cuenca aún funciona.

Hoy, con un presupuesto de 700.000 pesos anuales y con 20 personas que trabajan allí, el director ejecutivo del organismo, Daniel Degano, espera las definiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que debe aprobar el proyecto de reformulación para el saneamiento de la cuenca, de 150.000.000 de dólares.

El préstamo del organismo para cumplir ese objetivo fue, en principio, de 250.000.000 de dólares. Tras la crisis económica de 2001, cien de esos millones se redistribuyeron a planes de desarrollo social.

"Una de las modificaciones más importantes del proyecto es la ampliación de la planta potabilizadora de La Matanza, que incluiría el tratamiento cloacal de los efluentes de 600.000 vecinos de la zona. Actualmente se procesan las cloacas de 200.000", dijo Degano a La Nación.

La Asociación de Vecinos de La Boca explica: "Hoy, merced a la recesión, el río recibe un 25% de efluentes industriales (125.000 m3 diarios) y un 75% de efluentes cloacales sin tratamiento".

Degano coincide con ellos. "Creemos que existen unas 1000 empresas que funcionan a lo largo de la cuenca. Los municipios se han comprometido a brindarnos información de cada una", indicó.

30-3-2004
La Nación (Buenos Aires, Argentina)