El Gobierno podrá imponer a las comunas los lugares para futuras plantas de tratamiento. La Legislatura bonaerense avanzó en la propuesta para que el Gobierno pueda fijar el lugar de ubicación de futuras plantas de tratamiento de residuos urbanos. El Senado aprobó un proyecto que, además, obliga a los municipios a reducir en un 30% la producción de basura domiciliaria en un plazo de cinco años.

La ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, elaborada a instancias del gobernador Felipe Solá y con media sanción del Senado, prevé la realización de campañas de concientización y planes para tratar restos que permitan achicar el volumen total que generan las comunas. Ahora debe ser analizada en Diputados.

La iniciativa intenta poner punto final a una larga disputa entre las comunas que se niegan a habilitar —o a mantener— las plantas de tratamiento. Es por la saturación de los rellenos sanitarios y la presión vecinal, que rechaza la instalación de nuevos predios para volcar residuos del área metropolitana. Los distritos del Gran Buenos Aires generan 14 mil toneladas de desechos diarios que terminan en los basurales de la CEAMSE.

Lo cierto es que los depósitos están al límite de su capacidad. Por eso, el lunes y el martes, vecinos impidieron la entrada de camiones y la consiguiente descarga de residuos en un terreno de González Catán, al que llegan desperdicios de Morón, Ezeiza, Hurlingham, La Matanza, Almirante Brown y Esteban Echeverría. Denuncian que por la presencia de contaminantes en la tierra aumentan las enfermedades graves, como leucemia o cáncer de piel, entre la población.

Asimismo, en Punta Lara, en el partido de Ensenada, la planta tiene plazo fijo de cierre: la Justicia en lo Contencioso Administrativo dispuso su clausura para antes de fin de año, a partir de una denuncia presentada por la organización Nuevo Ambiente. El dictamen obliga a la CEAMSE a suspender el vuelco de camiones de basura provenientes del conurbano.

Según explicó el senador Osvaldo Goycoechea, del Frente por la Victoria, la propuesta oficial prevé estos pasos antes de decidir la ubicación de los nuevos Polos Ambientales Provinciales (PAP): a partir de la sanción de la ley, las comunas tendrán seis meses para elaborar un plan de gestión integral y un relevamiento para establecer las toneladas anuales de basura que generan. Al año siguiente, ya estarán obligadas a producir 10% menos que la cifra anterior y en el segundo año, un 20% menos.

El alojamiento del destino final de la basura no encontró soluciones en los últimos años. Hubo intentos del Gobierno para promover predios, pero siempre terminaron rechazados por las co munidades. Ahora, será el Poder Ejecutivo el que decida, en caso de no existir un acuerdo. "Sin embargo, la Legislatura no quedará afuera de las decisiones", explicó la Secretaria de Política Ambiental de la provincia, Silvia Suárez Arocena.

Además, el marco jurídico tiene amplitud para que los distritos propongan alternativas a fin de minimizar el volumen de desperdicios, el reciclado y la creación de centros de tratamiento y disposición final.

Fuente: Clarín
Nov3 , 2006