La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó recientemente una publicación titulada "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental; recomendaciones para su reglamentación". Se trata de un importante aporte a la correcta aplicación de las normas ambientales que rigen en la Argentina.

El estudio fue realizado en el marco del Programa de Derecho Ambiental de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). Contó con los auspicios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Comité de Asuntos Ambientales del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI)

La publicación es el fruto de talleres de trabajo que se desarrollaron a lo largo de 2003 con el objetivo de contribuir a la reglamentación de las cuatro leyes de presupuestos mínimos que se han sancionado hasta el momento para cumplir con la "cláusula ambiental" prevista en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

En esos cuatro instrumentos legales se efectúa la distribución de competencias entre la Nación y las provincias en materia ambiental. El principio general dispone que "corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección" y que compete a las provincias la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para complementarlas. Este criterio, de aparente simplicidad, presenta complejidades en la práctica debido a la dificultad con que se tropieza para determinar los alcances del concepto de "norma de presupuesto mínimo". En un sentido amplio podría afirmarse que corresponde dar ese nombre a la norma que concede una tutela ambiental básica uniforme para todo el territorio nacional y cuya finalidad es asegurar la protección ambiental, la dinámica de los sistemas ecológicos, y, en general, la promoción del desarrollo sustentable. Pero en la práctica no siempre es fácil definir el concepto.

El aporte sustancial de varias organizaciones no gubernamentales ha permitido trabajar sobre las cuatro leyes de presupuestos mínimos a través de encuentros en los que estuvieron representados todos los sectores de la sociedad: el gubernamental, el no gubernamental, el privado y el académico.

Es sabido que la participación activa de los gobernados en los temas que les atañen de manera directa constituye el mejor camino para avanzar hacia la construcción de ciudadanía y para asegurar el respeto generalizado por la normativa vigente. La realidad nos tiene acostumbrados a los argentinos, lamentablemente, a un elevado nivel de incumplimiento de la ley. La puesta en marcha de mecanismos consensuados, como el que se utilizó en esta oportunidad, ayuda a que las normas sean el producto de aspiraciones compartidas por toda la sociedad, lo que facilita de modo evidente el proceso de aplicación.

8-5-2004
La Nación (Buenos Aires, Argentina)